MAYKA NAVARRO / MADRID
AITOR UBARRETXENA / SAN SEBASTIÁN

El viernes pasado, ETA demostró que puede seguir matando, y ayer, el Cuerpo Nacional de Policía respondió con la detención en Guipúzcoa de tres personas acusadas de formar parte de un comando de legales (no fichados) preparado y armado, listo para cometer atentados.
La operación, dirigida por el juez Baltasar Garzón, desplazado expresamente a San Sebastián, atenuó el dolor por las heridas abiertas en la policía tras el asesinato en Arrigorriaga del inspector Eduardo Puelles. Los detenidos no están relacionados con la bomba lapa que quemó vivo a este responsable de la lucha anti-ETA, pero sus arrestos sirvieron para levantar la moral entristecida de los policías y evitaron «más dolor y sufrimiento a muchos ciudadanos», según el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

DE MADRUGADA / Que ETA está viva y mantiene estructura para matar lo demuestra el material incautado a los tres detenidos en los cuatro registros que se realizaron durante la madrugada del lunes al martes. Los agentes de la comisaría general de información (con base en Madrid, pero que se desplazan continuamente al País Vasco) irrumpieron en la primera planta, habilitada como vivienda, de una nave del polígono industrial de la pequeña localidad guipuzcoana de Usurbil.
Allí sorprendieron a la pareja formada por Olatz Lasagabaster, de 32 años, y Patxi Uranga, de 30. Los investigadores encontraron en el local 65 kilos de nitrato, 10 kilos de polvo de aluminio, 25 metros de cordón detonante, material diverso destinado a la confección de artefactos, además de varios teléfonos móviles, walky-talkies, documentación, y unos grilletes que la pareja guardaba en su dormitorio.
En Astigarraga, otro pequeño municipio cercano a Usurbil, detuvieron a Ainara Vázquez, de 32 años. Su domicilio también fue registrado, así como las oficinas en San Sebastián y Lasarte de la revista Gaztezulo, de la asociación Bagera y del proyecto en defensa del euskera Hik Hasi. Los investigadores se llevaron ordenadores de los tres locales en los que trabajaban los detenidos.
La operación policial ha vuelto a poner de manifiesto las enormes dificultades que tiene la banda para mantener algún tipo de infraestructura estable en Guipúzcoa. No pasa lo mismo en Vizcaya, donde los responsables de la lucha antiterrorista asumen que ETA cuenta con un número indeterminado de miembros legales que consiguieron huir del cerco policial tras la desarticulación del último comando Vizcaya, y que serían los autores del asesinato del inspector Puelles.

ÚLTIMO CRIMEN / En Guipúzcoa, el último asesinado por ETA fue el empresario de 71 años Ignacio Uría, a quien dos jóvenes dispararon en la cabeza el pasado 3 de diciembre en el municipio de Azpeitia cuando se dirigía andando al restaurante Kiruri en el que a diario jugaba a cartas. Seis meses después de ese crimen, de los pocos detalles que han trascendido es que no se trató de ningún comando estable en Guipúzcoa.
Como el resto de legales y activistas refugiados en Francia, los tres detenidos de ayer estuvieron a las órdenes del último jefe de ETA detenido, Jurdan Martitegi Lisaso, Arlas. En abril pasado, una operación conjunta de la Policía y la Gendarmería dieron con el jefe militar de la banda en Montauriol (Francia). Su detención vino acompañada de la incautación de una memoria de ordenador y documentación que se ha convertido en toda una mina para los responsables de la lucha antiterrorista.
Del análisis de esa información se supo que ETA había actualizado sus planes para rescatar con un helicóptero a dos de sus presos de la cárcel de Huelva y que existía un plan para matar a Garzón haciéndole llegar a su despacho de la Audiencia Nacional una botella de coñac envenenado. Las diferentes fuentes consultadas ayer se mostraron cautas a la hora de detallar los hilos de los que habían tirado hasta dar con los tres legales detenidos, pero no descartaron que el inicio de la investigación sea de nuevo la información incautada a Martitegi. En ello coinciden Policía Nacional y Garzón.
Fuentes de la lucha antiterrorista citadas por Europa Press contaron que fue el seguimiento de una furgoneta de Martitegi la que permitió identificar a los tres detenidos, en diciembre del 2007. Durante este tiempo han estado controlados y detenidos ahora, cuando se supo que habían recibido los explosivos, aunque permanecían aislados tras las sucesivas detenciones de jefes.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de viaje oficial en Washington, no quiso pasar por alto ayer la oportunidad de destacar la importancia de esta operación policial, ya que «es el tercer comando de ETA que se desarticula sin darles la opción de cometer ni un solo atentado».